(audio) Casa Hurtado: Ignacio Schena defendió la propiedad privada y cuestionó a la Comisión de Patrimonio
La reciente intervención de la Comisión de Patrimonio para frenar la demolición de la histórica Casa Hurtado en Claromecó ha desatado una profunda polémica en el ámbito legislativo y social de la ciudad.
Schena cuestionó con severidad el accionar de la Comisión de Patrimonio, señalando que la intervención municipal se produjo de manera tardía, es decir, con posterioridad a la concreción del negocio inmobiliario y la firma del boleto de compraventa.
Bajo el principio jurídico clásico de que el primero en el tiempo posee un mejor derecho, el edil libertario extendió una autocrítica hacia el cuerpo legislativo y las áreas patrimoniales, interpelando por qué el inmueble no despertó un interés de conservación durante tantos años y solo se buscó su declaración protectora una vez que un particular decidió invertir en él para modificarlo o demolerlo.
En ese sentido, instó a las autoridades a actuar con mayor previsión y eficacia en el futuro para evitar este tipo de controversias que desamparan la seguridad jurídica de los compradores.
Asimismo, el concejal advirtió sobre el impacto negativo que este tipo de medidas extemporáneas genera en el desarrollo de la villa balnearia. Para Schena, la protección patrimonial rígida corre el riesgo de transformarse en un freno para la modernización y las inversiones en Claromecó, una localidad cuya economía depende fuertemente del impulso que recibe durante la temporada estival.
El edil graficó que, ya sea para edificar una vivienda familiar o para un eventual proyecto hotelero que dinamice el comercio local y el turismo, las refacciones no deberían encontrar trabas burocráticas que atenten contra el progreso económico de la comunidad.
Finalmente, al evaluar las posibles derivaciones legales de este conflicto, el abogado no descartó que el Municipio de Tres Arroyos pueda enfrentar litigios judiciales en el futuro.
Si bien aclaró que determinar la razón de fondo competerá exclusivamente a los magistrados intervinientes, ratificó que el riesgo de demandas por parte de particulares afectados en su derecho a disponer libremente de sus bienes es una posibilidad latente ante resoluciones municipales que alteren las condiciones de una propiedad ya adquirida legalmente.
