A un año del gigantesco apagón que afectó a todo el país
Hoy se cumple un año desde que ocurrió el apagón masivo que dejó en el Día del Padre a casi todo el país y a Uruguay a oscuras. Desde entonces, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) formuló multas por $311 millones a las empresas involucradas. Tres Arroyos transitó ese domingo invernal en penumbras, y el prolongado corte obligó a la suspensión de eventos programados al tiempo que le dio un condimento particular a la celebración con los padres.
En noviembre pasado, el ENRE, presidido en este entonces por Andrés Chambouleyron , informó multas por $205,2 millones a Transener -la empresa encargada del transporte eléctrico de alta tensión-, $105,8 millones a más de 300 agentes distribuidores y grandes usuarios -compañías que compran la electricidad en el mercado mayorista-, $500.000 al Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y $14.600 a la transportista Transcomahue.
Las sanciones se habían establecido con base en un informe preliminar de la UBA sobre cómo sucedieron los hechos. Luego, se esperaba que las empresas presentaran los descargos para aplicar las multas. Pero el proceso se atrasó con la intervención del ente establecida por la ley de Solidaridad y por la crisis que desató la pandemia.
“El informe de la Facultad de Ingeniería permitirá al ente finalizar el análisis de los descargos realizados por los agentes involucrados en el hecho, ante la formulación de cargos y las consiguientes sanciones”, dijeron en el ENRE. En el ente que preside ahora Federico Basualdo indicaron que las sanciones económicas podrían variar.
Las penalidades preliminares se establecieron en función del valor del costo de la energía no suministrada, un concepto utilizado en el sector que dice cuánto estaría dispuesto a pagar un país para tener electricidad. Este valor hoy cuesta $1500 el megavatio-hora (MWh), que es muy barato, a tal punto que a las empresas les convendría cortar la electricidad y pagar la multa, que generarla. Esto es así porque el valor se pesificó luego de la convertibilidad y desde entonces la Secretaría de Energía nunca lo actualizó.
Un actor que no fue multado y es visto por los especialistas como el principal responsable del apagón es Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía. La empresa utiliza un modelo matemático que toma en cuenta la demanda, el clima, la lluvia y otras variables para minimizar costos y ordenar los despachos.
En ese entonces, se decidió que la mejor alternativa era aprovechar la importación de energía hidráulica de Brasil, que es más económica. Pero eso implicó que más del 50% de la oferta de energía se concentrara en el litoral norte del país. Según analistas consultados por La Nación, Cammesa tomó demasiado riesgo con esa orden.
Mario Cairella, director general de Cammesa hasta diciembre del año pasado, indicó que “Cammesa no tuvo ninguna responsabilidad”. “Cammesa no tiene el poder de controlar lo que hace cada una de las empresas, hay un vacío legal ahí. Y tanto las distribuidoras, que no hicieron un alivio de carga, las generadoras, que cortaron la generación antes de tiempo, y la transportista, que tuvo dos errores técnicos, no cumplieron con las normas. Cammesa no hizo absolutamente nada mal. Era un despacho seguro, económico y similar a cualquier otro predespacho que se hizo en el pasado. Era un domingo, de poca demanda, y estábamos trayendo energía desde Brasil para cumplir con el mandato: mantener el sistema seguro, económico y equilibrado”, comentó a este medio por teléfono desde el exterior, donde está radicado.
El gigantesco apagón alcanzó a casi todo el territorio nacional (con la excepción de Tierra del Fuego y Villa La Angostura) y a Uruguay. Más de 48 millones de personas (casi toda la población de ambos países) se vieron afectadas. El incidente se generó en apenas 30 segundos, y tardó 14 horas en volver a establecerse el sistema en todo el país.
