¿Actuar conforme a la ley o forzar los hechos para obtener rédito político? Por María José Adobatto *
Las leyes provincial y nacional de educación se basan en dos pilares fundamentales: La inclusión y el garantizar el derecho a la educación como política de Estado.

Los consejeros escolares de Juntos por el Cambio, en una maniobra perfilada entre gallos y medianoche, y en evidente mal ejercicio de su función pública, decidieron unilateralmente el cierre del CEC Nº801, con una rapidez inusual en ellos, sobre todo en otros aspectos que debieron haber sido resueltos verdaderamente, más que declamados y anunciados una y otra vez. Por ejemplo, la culminación de la obra de la EES de Villa de las Américas, por nombrar sólo una de las cuestiones comprometidas en el acta acuerdo.
En efecto, sin que mediara convocatoria alguna a sesión, como hubiera correspondido, y en un accionar que a todas luces persiguió un objetivo efectista políticamente, cercenaron el derecho a la educación de la matrícula que allí concurre.
De igual modo, en el que sus referentes nacionales y provinciales suelen proceder, la “solución” que aportan es la del cierre de lo que sea: PyMEs, empresas, puestos de trabajo y, ahora, instituciones educativas.
Indudablemente se trata de manotazos de ahogado de una débil identidad partidaria vaciada de contenido y viciada de avasallamiento. Quien actúa a las desesperadas no hace otra cosa que mostrar su propia impotencia y desesperación.
* Presidente del Consejo Escolar de Tres Arroyos