(audio) Andrés de Leo advirtió sobre la “situación desesperante” de los comerciantes en Bahía Blanca
El diputado provincial, Andrés de Leo, describió como sumamente delicada y desesperante la realidad que atraviesan los comerciantes y pequeños empresarios de Bahía Blanca, tras mantener un encuentro multisectorial con legisladores de diversos bloques políticos.
Según el legislador, la crisis local combina un factor nacional —vinculado a la persistente baja en el poder adquisitivo del consumidor— con el devastador impacto de la inundación del 7 de marzo del año pasado.
Esta catástrofe climática obligó a los comerciantes a agotar sus ahorros, asumir deudas financieras y postergar obligaciones fiscales, cuyas prórrogas ya vencieron sin que se cumplan las expectativas de reactivación económica, provocando el cierre de numerosos locales.
Frente a este escenario, De Leo detalló que se consensuó un petitorio unificado entre las distintas fuerzas políticas de la región. El reclamo exige a los organismos de recaudación ARCA y ARBA el freno inmediato de las ejecuciones fiscales, la suspensión de intimaciones y la apertura de planes de pago especiales para los damnificados.
Asimismo, se solicita al Banco Nación y al Banco Provincia la refinanciación de las deudas y el otorgamiento de créditos blandos para sostener la actividad, sumado a una exigencia al Gobierno Nacional por el incumplimiento de subsidios prometidos originalmente por unos 26.000 millones de pesos, de los cuales aseguró que no se ha recibido asistencia.
Por otra parte, el diputado manifestó un enérgico rechazo a la quita del beneficio por “Zona Fría” para las tarifas de gas en el sur bonaerense, marcando una fuerte diferenciación con el bloque de La Libertad Avanza.
De Leo argumentó que la medida carece de sustento técnico debido a que la mitad de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a Bahía Blanca y Tres Arroyos, presenta condiciones bioambientales equivalentes o superiores en frío a las de varias provincias patagónicas.
Finalmente, calificó de falaz el argumento oficial de que este beneficio genera déficit fiscal, explicando que el sistema se autofinancia de manera autónoma mediante un fondo fiduciario compuesto por el recargo del 7,5% que abonan todos los usuarios en sus facturas de gas a nivel nacional, por lo que su quita terminaría obligando de forma paradójica a las familias trabajadoras de la región a subsidiar el consumo de zonas de altos ingresos o complejos hoteleros del sur del país.
