Cambiemos propondrá al Concejo poner límites a declaraciones públicas de Sánchez
(Click para escuchar conferencia de prensa completa)
El bloque de concejales de Cambiemos expresó su pretensión, a través de un proyecto de resolución, de establecer límites a las declaraciones públicas del intendente Carlos Sánchez, al indicar en el texto que buscará poner a consideración del cuerpo deliberativo que “en adelante el intendente evite realizar declaraciones institucionales que excedan las que corresponden por el ejercicio de la propia función del cargo, a efectos de encauzar una convivencia democrática”.
Los concejales Horacio Espeluse y Laura Aprile criticaron la “mal llamada conferencia de prensa del intendente Carlos Sánchez y su gabinete”, y expresó el primero su preocupación por “las formas y los estilos de esto que parece ser una acusación mutua entre un medio y el intendente, y por eso nos pareció que era necesario hacer una manifestación pública. Transcurrimos malas experiencias en este sentido en el país, y creemos que esta no es la forma, por lo que hoy presentaremos un proyecto de resolución para que sea tratado sobre tablas, y se lo incorpore en la sesión de esta noche, y por el cual solicitamos que el Concejo Deliberante se exprese en conjunto sobre esto”.
Laura Aprile leyó el proyecto mencionado, e indicó que “en dicha conferencia, la máxima autoridad de la ciudad acusó de desestabilizar al diario La Voz del Pueblo, atacando la libertad de prensa. El Concejo Deliberante debe recomponer las relaciones institucionales, promoviendo un clima amigable para el ejercicio de la libertad de expresión”. La edil de Cambiemos calificó como “desafortunadas” algunas frases vertidas por el mandatario comunal en el encuentro con la prensa mencionado, mientras que aseguró que las notas cuestionadas por Sánchez y publicadas por el diario “se ajustan a la realidad, realidad que no le gusta al intendente”.
“Cuando todos dudamos de todo, los demagogos tienen campo libre para hacer lo que quieren. La CIDH ha dicho sobre el marco jurídico del derecho a la libertad de expresión, que los funcionarios públicos tienen ese derecho pero con características específicas acorde a sus funciones. Es deber de los funcionarios públicos el asegurarse que ejercen la libertad de expresión, no lesionan otros derechos. Sus declaraciones no pueden desconocer los derechos de las personas, ni vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar a medios o periodistas de delitos que no han sido investigados por la justicia”, finalizó Aprile.
Espeluse, en tanto, aseguró que “tras conversar con concejales de la oposición, nos adelantaron que acompañarán el tratamiento sobre tablas de este proyecto”.
TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO
Visto:
La conferencia de prensa del Intendente Carlos Sánchez celebrada en el Palacio Municipal, el día 30 de mayo del corriente año, y;
Considerando:
Que en dicha conferencia, la máxima autoridad de nuestra ciudad, acusó de “desestabilizar a su gobierno” al Diario La Voz del Pueblo. Dichas expresiones revisten una gravedad institucional inusitada y que ataca directamente la libertad de prensa, condición esencial de toda comuniad democrática.
Que es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo defender la institucionalidad y garantizar los principios y libertades que funcionan como pilares fundamentales del estado democrático.
Que son desafortunadas las frases del señor Intendente Sánchez cuando manifiesta que “La Voz del Pueblo desinforma permanentemente a la población de Tres Arroyos”, que “[s]e siente olor a desestabilización de un gobierno. Se está informando con mala intención”, y que “denunciar públicamente la falsedad con que diariamente La Voz del Pueblo desinforma a la población de Tres Arroyos”.
Que en marzo del 2013 el Diario denunció que el Intendente Sánchez, molesto por una tapa del matutino, le manifestó a un periodista de su staff que “Lo que hizo Cristina a Clarín es un poroto comparado lo que voy a hacer yo con La Voz del Pueblo”.-
Que los ataques verbales contra los medios de comunicación parecen dirigidos a sembrar la confusión, para que nadie crea en nada y los ciudadanos duden de todo. Y cuando todos dudamos de todo, los demagogos tienen campo libre para hacer lo que quieren.
Que cabe recordar lo que al respecto ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Marco jurídico interamericano del derecho a la libertad de expresión. Allí, el organismo internacional destacó que
“Los funcionarios públicos, como todas las personas, son titulares del derecho a la libertad de expresión en sus diversas manifestaciones. No obstante, en su caso, el ejercicio de esta libertad fundamental adquiere ciertas connotaciones y características específicas que han sido reconocidas por la jurisprudencia interamericana, particularmente en los ámbitos de: (a) los especiales deberes a los que están sujetos por causa de su condición de funcionarios estatales … En cuanto al impacto de las declaraciones de los funcionarios públicos sobre los derechos de otros, la Corte Interamericana ha señalado que, bajo ciertas circunstancias, aun cuando los discursos oficiales no autoricen, instiguen, ordenen, instruyan o promuevan expresamente actos de violencia contra determinados ciudadanos, su reiteración y contenido puede aumentar la ‘vulnerabilidad relativa’ de estos grupos y así el riesgo al que se encuentran enfrentados … Por las obligaciones estatales de garantía, respeto y promoción de los derechos humanos, es deber de los funcionarios públicos asegurarse de que al ejercer su libertad de expresión no estén causando el desconocimiento de derechos fundamentales. En palabras de la Corte Interamericana, ‘deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos’. En consecuencia, los funcionarios públicos no pueden, por ejemplo, vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar a medios de comunicación o a periodistas, delitos que no han sido investigados y definidos judicialmente” (CIDH, 2010, pars. 199-203).
Que los diversos artículos del Diario sobre la inseguridad, el acceso a la información pública, el correcto funcionamiento del Boletín Oficial Municipal y la Rendición de Cuentas no hacen más que reflejar la realidad y constituyen –en todo caso– un legítimo ejercicio de un derecho fundamental como la libertad de expresión. Si el Departamento Ejecutivo no coincide con esa realidad, la respuesta que impone la Constitución Nacional y las reglas del debate democrático, debería haber sido la de explicar –con actitud democrática– los puntos en los que la administración discrepa con la mirada del diario. Esta actitud hubiera sido respetuosa del principio según el cual el pensamiento diverso y plural –y en ocasiones, disidente– es el que enriquece a nuestra democracia.
Que la libertad de opinión y prensa es uno de los valores más importantes que le dan vida a la democracia de nuestro país. El ejercicio de esta le permite al pueblo recibir la información que solicite y tener una idea propia de lo que ocurre en su entorno. Así ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia en numerosos precedentes, así como por los tribunales internacionales de derechos humanos.
Que, libertad de expresión y democracia son conceptos que no pueden caminar por separado. Van unidos indefectiblemente, porque se nutren y se necesitan mutuamente.
Son valores excluyentes: sin democracia no hay libertad de expresión y sin libertad de expresión no hay democracia**.
Que el ejercicio del periodismo libre fiscaliza al poder, lo investiga, lo interpela, lo obliga a darle respuestas necesarias a la sociedad civil. El periodista es un actor de suma importancia para el enriquecimiento democrático y un observador comprometido del funcionamiento de la república. El desarrollo del trabajo periodístico debe ser absolutamente independiente, ajeno a presiones y censuras que lo contaminen.
Que, ante la actitud del Departamento Ejecutivo, es el Concejo Deliberante quien debe garantizar el derecho a la libre expresión y el acceso a la información pública. Es nuestra tarea recomponer las relaciones institucionales y lograr que exista una fluida comunicación entre los funcionarios y los periodistas. En este sentido, la promoción de un clima amigable para el ejercicio de la libertad de expresión es una responsabilidad ineludible de los funcionarios, como lo ha afirmado la Comisión Interamericana. El libre debate de ideas permite que la verdad se confronte con la mentira, y nos obliga a escuchar los diversos puntos de vista que existen en una sociedad democrática para poder formar nuestra propia opinión y actuar en consecuencia. Como decía Manuel Belgrano en abril de 1816: “Es indudable, además, que la libertad de la prensa perfecciona la sociedad, cultiva las artes, rectifica las ideas y sostiene al gobierno que no lucha contra la libertad pública”.
Que en definitiva, debemos trabajar todos juntos para que todos los argentinos gocen de su libertad de expresión sin censuras ni apremios. Pero es responsabilidad de los actores políticos generar las condiciones de civilidad, libertad y apertura al disenso que permita el ejercicio pleno de este derecho fundamental.
Por todo lo expuesto, el Bloque de Concejales de Cambiemos os proponen aprobar el siguiente:
Proyecto de Resolución
• Artículo 1°. El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos manifiesta su preocupacion por las declaraciones vertidas por el Intendente Municipal Carlos Sánchez en la conferencia de prensa, celebrada en el Palacio Municipal, el día 30 de mayo de 2017.-
• Artículo 2°. El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos solicita al Intendente Municipal Carlos Sánchez que en adelante, se eviten realizar declaraciones institucionales que excedan las que corresponden por el ejercicio de la propia funcion del cargo, a efectos de encauzar una correcta convivencia democrática.-
• Artículo 3°. Los Vistos y Considerandos forman parte de la presente.-
• Artículo 4°: De forma.-
