Desarrollo Social en “estado de alerta” tras eliminación de topes al precio de las garrafas
“Estamos en estado de alerta”, afirmó el secretario municipal de Desarrollo Social, Martín Garate, luego que el Gobierno Nacional eliminara los topes al precio de las garrafas de gas.
“Por el momento, no tenemos ninguna notificación de que vaya a haber un incremento en el valor de las garrafas, aunque esta situación nos pone en estado de alerta ante la posibilidad que aumente”, advirtió el funcionario en diálogo con LU 24.
Informó que “mensualmente asistimos alrededor de entre 100 y 170 familias con garrafas. En la última licitación se pagó 8 mil pesos cada una”.
Asimismo, explicó que “nos preocupa a futuro porque significaría que muchas familias no puedan afrontar su compra, lo cual sería otra presión para la Secretaría en cuanto a la demanda y, al mismo tiempo, porque se incrementa el monto que tenemos destinado mensualmente”.
“Hablamos con dos habituales oferentes que licitan en las convocatorias y por ahora no hay ninguna manifestación de que se vaya a incrementar”, subrayó.
Asimismo, aclaró que “los proveedores de garrafas no hacen la distribución, nosotros entregamos un bono y las familias va a quien resultó adjudicatorio de la licitación”.
“Cuando empecé la gestión, la demanda era de alrededor de 50 vales mensuales y hoy estamos casi triplicándolos. No solo es por lo estacional sino por el deterioro en los ingresos de la gente”, indicó.
La Secretaría de Energía que conduce Eduardo Rodríguez Chirillo eliminó los precios máximos de las garrafas y estableció nuevos valores de referencia. A partir de este lunes son las empresas las que definirán cuánto costará el Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado, un insumo crucial en gran cantidad de hogares que no tienen acceso a la red del servicio. De acuerdo a datos del censo 2022, el 43,9% de la población utiliza mayormente gas de garrafa, unas 20.034.720 personas.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 216/2024. De este modo, el Gobierno avanzó con la desregulación de otro sector de la economía, en línea con el DNU 70/2023, que podría tener efectos directos sobre los consumidores de menor poder adquisitivo.
