El abogado tresarroyense Octavio Hid logró una cautelar para limitar el valor de las cuotas de un plan de ahorro
Octavio Hid, abogado tresarroyense residente en La Plata, patrocinó el reclamo de un hombre suscrito a un plan de ahorro para la compra de un auto, que en un año pasó de pagar 4000 pesos a 20.000 pesos de cuota. Mediante una cautelar, la justicia dispuso que en adelante no se le podrán exigir pagos que superen el 30% de su sueldo.
En medio de la ola de reclamos de personas que ingresaron a un plan de ahorro para tener su automóvil 0 Km., ante el incremento constante de los valores de los vehículos por la inflación un juez de La Plata, Vicente Atela, a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2, dictó el 23 de diciembre, una medida cautelar en favor de Alfredo Barresi, que obliga a Chevrolet de Ahorro para Fines Determinados S.A., a no cobrarle las cuotas superiores al 30 % de su salario.
Barresi quedó atrapado en un sistema de indexación muy peligroso: en agosto de 2018 abonaba una cuota de $4.506, que no representaba más del 20% de su salario; en mayo de 2019 la misma se elevó a $18.232, en septiembre a $20.366. Para ese momento la mensualidad superaba el 50% de su sueldo y se le hizo imposible seguir pagando ya que además tuvo que afrontar los aumentos de los gastos de su vida cotidiana y su familia.
Mientras el automóvil seguía subiendo y alcanzó una cuota de 120% (impulsado por la inflación del 47,6% de 2019 y 55% en 2019) sus aumentos salarias no alcanzaron el 40% en estos dos últimos años. Algo imposible de afrontar y que además corría el riesgo de perder su Chevrolet Onix.
Asistido por el abogado tresarroyense, de este modo logró la cautelar para que le congelen la mensualidad pactada en 84 cuotas de su plan, cuando adquirió el auto en el mes de junio de 2017.
“Se viola una resolución de la Inspección General de Justicia, que dice que las bonificaciones que le dan a una persona que compra un auto, fuera de los planes de ahorro, tienen que dársela también a quienes están dentro de los planes de ahorro”, según manifestó, entre otros conceptos Hid a LU 24.
“Lo que venía pasando es que tras la devaluación del peso, la venta de autos disminuyó. Entonces las concesionarias implementaban ofertas para reducir los costos, buscando que las personas compren autos igual. Pero a quienes estaban dentro de los planes de ahorro no se le aplicaban ese tipo de descuentos, por lo que entonces quedaban como rehenes, pagando cuotas infinitas, porque a medida que se devaluaba el peso, subía el precio de lista y las cuotas. De esta forma pierde sentido el plan y se genera una discriminación con el resto de los consumidores”, sostuvo.
En su resolución, el juez Atela hizo mención a la recientemente sancionada Ley Nacional 27.541 de Emergencia pública económica, financiera y administrativa. En su artículo 56, la Norma “reconoce que la variación económica de los contratos de ahorro para la compra de automóviles han sufrido modificaciones sustantivas en su ecuación económica y que requiere de su estudio, análisis y búsqueda de paliativos de mantención de la vigencia del negocio, el cumplimiento de los fines de los círculos de ahorro, y la capacidad económica del suscriptos frente a la variación económica imprevisible del valor del producto que se pretende adquirir”.
