El Estado gasta millones en la Iglesia, pero la distribución no es pareja

21 junio, 2016 Leido: 18

El Estado gasta millones en la Iglesia, pero la distribución no es pareja

A pesar de ser un estado laico, tras la reforma constitucional pertinente, la Argentina sigue destinando millones de sus recursos económicos al sostén de la Iglesia Católica y su imponente estructura. Sin embargo, al parecer esos recursos no se distribuyen de manera equitativa, toda vez que los organismos eclesiásticos, escuelas y edificios de los grandes centros urbanos –especialmente Buenos Aires- se llevan la mayor parte de los aportes, en detrimento de las parroquias y otras manifestaciones del culto ubicadas en el interior del país. Vale poner como ejemplo a Tres Arroyos, donde una pequeña escuela, fundamental por su inserción barrial como es La Virgen de la Carreta, debió pasar a manos del Estado provincial porque la Iglesia no la podía mantener. Y donde el sacerdote Domingo Torquatti levanta a pulmón, con donaciones de los vecinos, un templo para dotar a su comunidad parroquial de un edificio del que hoy carece; y el padre Guillermo Fanelli organiza tallarinadas y otros eventos para sostener una obra magnífica como es la Parroquia del Carmen, cuya última intervención edilicia (a un templo que tiene 100 años) se realizó con fondos nacionales y municipales en el año 2010, cuando se colocaron las luminarias que ornamentan su fachada.

Según la investigación periodística titulada “Pago de sueldos, subsidios millonarios y entrega de terrenos: cómo el Estado financia la Iglesia Católica”, de Rodrigo Duarte Perna y publicada por Infobae, el Estado argentino solventa buena parte del funcionamiento de la Iglesia Católica y lo viene haciendo desde hace décadas. Pago de sueldos y jubilaciones, beneficios impositivos y cesión de terrenos públicos, subsidios a escuelas católicas, una sumatoria que representa una erogación de miles de millones del presupuesto nacional, año tras año.

El gasto más importante fue el aprobado por el general Jorge Rafael Videla en 1979, que decretó por ley que el Estado se haría cargo de las asignaciones mensuales, jubilaciones y demás beneficios a arzobispos y obispos, normativa que todavía sigue vigente.

-Asignación para los Obispos: La Ley 21.950 dispone para los arzobispos y obispos residenciales una asignación equivalente al 80% de la remuneración de un Juez de primera instancia (70% en caso de los obispos auxiliares). En la actualidad, el sueldo básico de un juez es de alrededor de 40 mil pesos (aunque suele ascender a $80 mil si se suman adicionales), por lo cual el sueldo de un obispo quedaría en 32 mil pesos.

-Asignación para obispos eméritos: La Ley 21540 dispone para los obispos eméritos el pago de una suma equivalente al 70% de la remuneración de un Juez de primera instancia (60% para los auxiliares).

-Asignación para parroquias de frontera: La Ley 22.162 impone el pago de una asignación para las parroquias de frontera o ubicadas en zonas desfavorables.

-Asignación para seminaristas mayores: Según la Ley 22.950, se debe pagar a las diócesis y a cinco institutos de vida consagrada (Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Salesianos), una asignación mensual por seminarista mayor, lo que constituye el mayor aporte cuantitativo directo del Estado a la Iglesia.

-Jubilaciones para sacerdotes: La Ley 22.430 instituye estas jubilaciones graciables (sin ningún aporte previo) para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional.

Exenciones impositivas y otros beneficios

Vale aclarar además que también existen los llamados “aportes indirectos”, es decir, las exenciones impositivas que la Iglesia recibe y que exime a las parroquias, así como a los arzobispos y obispos, de pagar distintos tributos (ingresos brutos, ganancias, exenciones aduaneras, etc.).
En total, según lo dispuesto en el Presupuesto 2016, el aporte del Estado para la Iglesia Católica asciende a $133.998.031, un 21% más de lo recibido en 2015, que fue de $105.971.790. Sin embargo, es necesario aclarar que esta millonaria cifra significa apenas un pequeño porcentaje del dinero estatal del que se beneficia la Iglesia Católica.

En los presupuestos provinciales y municipales, así como también en las partidas de varios ministerios, se asignan cuantiosas contribuciones para los proyectos de asistencia social y caridad de la Iglesia Católica y las instituciones educativas de dicha religión, que multiplican en 10 o hasta 20 los millones que recibe directamente de la Secretaría de Culto.

Para algunos colegios sí, para otros…

En Provincia de Buenos Aires, la que destina la mayor cantidad de millones a los colegios católicos de todo el país- la situación no es diferente: el presupuesto para los colegios privados bonaerenses (el 70% de los cuales son religiosos) alcanza este año los $10.800 millones, y se reparte entre 3.649 instituciones que reciben aportes de un total de casi 6 mil. Es decir, los establecimientos educativos católicos recibirán un estimado de 7.500 millones de pesos en subsidios este año y, en su mayoría, cubrirán entre el 80% y 100% de los sueldos de los docentes.