El gobierno de Milei derogó la paridad de género en empresas y asociaciones

12 abril, 2024

El gobierno de Milei derogó la paridad de género en empresas y asociaciones

Durante las últimas horas del pasado jueves 11 de abril, el gobierno de Javier Milei decidió derogar la exigencia de paridad de género en empresas y asociaciones civiles, una medida que se instaló durante la gestión de Alberto Fernández. La nueva resolución fue oficializada por la Inspección General de Justicia, tras la publicación en el Boletín Oficial.

La legislación derogada establecía que era de vital importancia “incluir en su órgano de administración una conformación que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos para que estén integrados por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos”.

A través de la Resolución General Nº 34/2020, la medida emitida por Alberto Fernández, expresaba que las asociaciones civiles, sociedades anónima, empresas y diferentes sociedades del Estado, debían incluir en su órgano de administración: “una conformación que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos para que estén integrados por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos y que, cuando la cantidad de miembros a cubrir fuera de número impar, el órgano deberá integrarse de forma mixta, con un mínimo de un tercio de miembros femeninos…”.

La actual norma -13/2024- deroga a las Resoluciones 34/2020, 35/2020, 42/2020 y 12/2021 y establece que las empresas y asociaciones civiles no poseen la obligación de garantizar la conformación de un equipo integrado por la misma cantidad de hombres que de mujeres.

La medida fue celebrada por el Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, que en sus redes sociales explicó: “Igualdad de oportunidades y de acceso no es sinónimo de que el Estado le diga a las personas quiénes deben dirigirlas en su actividad privada”.

A su vez, agregó que era un tema de libertad: “No es facultad del Poder Ejecutivo decirle a los particulares cómo deben constituir los órganos de las personas jurídicas que constituyen, cuando tienen la libertad que para ello les asigna la Constitución nacional”.