El Gobierno terminará mañana con los contratos PPP, entre ellos el firmado con Vial Agro
El Gobierno pondrá fin mañana a los contratos viales de Participación Público Privada (PPP) suscriptos en la gestión anterior, entre ellos el concebido para obras en el corredor que incluye la ruta 3 y que había sido concesionado a la empresa tresarroyense Vial Agro junto a Paolini y la firma italiana INC.
Según reveló el portal Letra P, la vía de salida “no traumática” para terminar con los PPP que terminaron aceptando las empresas concesionarias que aún quedaban en pie consiste en la firma de un “acuerdo mutuo de extinción contractual”, similar al que había suscripto a fines de septiembre el consorcio «Corredor Panamericano», del grupo Eurnekian.
“Tras no haber podido conseguir el financiamiento previsto para las obras y ante la negativa oficial a extender el plazo límite que expira el primer minuto del martes, las empresas que operan los corredores A (Paolini, Vial Agro-INC); B (CCA-Green); C (Cartellone) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil) acudirán este lunes a Vialidad Nacional para formalizar la finalización anticipada de los PPP que, en los papeles, iban a estar vigentes hasta 2033”, anticipó el medio.
Se indica además que el Gobierno efectuó otras dos movidas para “convencer” a las empresas. En el caso de la empresa china CCA, a cargo del corredor «B» que abarca a la ruta nacional 5 desde la ciudad bonaerense de Luján hasta Santa Rosa, los funcionarios buscaron la ayuda de personal de la Cancillería para que hablase con los representantes de la embajada china en Buenos Aires con el fin de acercar las posiciones.
A eso se sumó una gestión del subsecretario de Participación Público Privada, Federico Molina, ante el Banco Central para que les haga saber a las entidades bancarias de las concesionarias lo “inconveniente y desventajoso” que iba a resultar una ejecución inmediata de las garantías de los PPP.
La “extinción contractual por mutuo acuerdo” que suscribirán las empresas y el Gobierno contempla la devolución parcial y condicionada de las garantías, un desembolso inicial inferior a los dos millones de dólares para cada concesionario y la apertura de una instancia de negociación por 60 días para aprobar el inventario de los corredores y la liquidación final de los reclamos cruzados.
En el caso de no llegar a un entendimiento por la liquidación final del contrato, las empresas quedarían liberadas para llevar sus reclamos a los juzgados locales y al tribunal de arbitraje internacional del CIADI.
De acuerdo con los datos obtenidos por Letra P, la letra chica de los acuerdos para finiquitar la fallida experiencia de los PPP macristas incluiría, entre otros puntos, el reconocimiento de que “no hay voluntad para continuar con el contrato PPP y que el contexto fáctico jurídico resulta conveniente para finalizar las concesiones y evitar litigios administrativos y judiciales”.
A su vez, “las concesionarias mantendrán indemne a Vialidad Nacional, a toda otra autoridad gubernamental y sus respectivos funcionarios por cualquier acción de responsabilidad civil interpuesta en su contra fundadas en la rescisión o cualquier otro aspecto relacionado con el contrato de concesión”.
Además, las empresas “renuncian a reclamar en cualquier foro o jurisdicción montos o rubros vinculados con daños y perjuicios, lucro cesante y el repago del financiamiento aplicado a los proyectos técnicos y ejecutivos”.
Por otro lado, en acuerdo se confirmaría que “el Gobierno, a través de la empresa Corredores Viales, asumirá la responsabilidad por el pago de las remuneraciones, indemnizaciones y demás acreencias de los agentes y empleados de las concesiones que pasarán a la órbita estatal”.
Peajes estatales
Al igual que las rutas que estaban en manos del grupo Eurnekian, los cuatro corredores que vuelven a manos del Estado quedarán bajo la operación de la empresa Corredores Viales SA (CVSA), que seguirá cobrando las tarifas de peaje que fijen las autoridades de Obras Públicas, según indicó Letra P.
Manejada por el extitular de Aubasa, Gonzalo Atanasoff, la firma absorbió a partir de enero todas las rutas que no formaron parte de los PPP. En total, tiene a su cargo alrededor de 4.000 kilómetros de distintos tramos de la autovía 19, la autopista Rosario-Córdoba y las rutas nacionales 8, 9, 12, 16, 33, 34, 36 y 188.
Creada por el exministro macrista Guillermo Dietrich, Corredores Viales se ha convertido durante la gestión de Katopodis en la mega operadora estatal de los peajes que ahora quedará en la mira si no recibe los recursos presupuestarios para afrontar las obras más urgentes de repavimentación y ampliación de las rutas y autopistas más transitadas del país.
