El informe del síndico y la postura de la empresa impedirían el avance de la cooperativa en la ex Laso

22 mayo, 2020 Leido: 2792

El informe del síndico y la postura de la empresa impedirían el avance de la cooperativa en la ex Laso

La posición del propietario de la empresa, que asegura estar en tratativas con un inversor para volver a poner en marcha las plantas, y el informe del síndico designado en el marco del concurso preventivo, conspiran de manera concreta contra la posibilidad de que prospere la explotación de Cereales 3 Arroyos (ex Laso) bajo la modalidad de una cooperativa, tal como viene intentando un grupo de empleados.
En los últimos días se conoció el informe mencionado, que hace referencia a la supuesta existencia de un inversor interesado en alquilar las instalaciones y aportar el capital de trabajo que, según el informe de la sindicatura, sería lo que hace falta para poner nuevamente en marcha la llamada Planta Pepe, en el Parque Industrial, y los fondos necesarios para realizar la obra civil que permita contar con una nueva instalación de gas en la Planta Chaco. Al mismo tiempo, desde la dirección de la firma se aportó al síndico información relativa a la reducción, por la vía de la moratoria fiscal, de la deuda que tenía en ese sentido, así como la posibilidad de contar con plazos de hasta 10 años para hacerle frente.
Ante esta situación adversa para el proyecto de los empleados, el grupo que está buscando conformar una cooperativa para la explotación de la firma se presentó ante la justicia para pedir habilitación de la feria judicial y que se trate de urgencia su planteo. En el mismo sostienen que “la planta se encuentra paralizada, ha sido vaciada, sus servicios cortados y actualmente somos los propios dependientes quienes nos encontramos garantizando la seguridad de la planta y los activos que en ella se encuentran”. Y acusan a los directivos de la empresa de “lock out patronal y un uso fraudulento de la figura del concurso preventivo en perjuicio del conjunto de la masa de acreedores, privados y estatales”.
En su presentación también hacen referencia a que, de no poder encauzar su proyecto, se considerarían “despedidos por exclusiva culpa de la empleadora, con el objetivo de poner fin a la relación de dependencia que nos une a la concursada, para habilitar así nuestro acceso “como mínimo” al seguro por desempleo y, con ello, un retiro dinerario y la cobertura social”.
Se espera que la justicia dirima estas posiciones encontradas aunque se desconoce en qué plazos.