Garate le pide al Intendente Sánchez que se calme y reflexione
El candidato a diputado provincial por el frente 1País, Pablo Garate, dio su opinión respecto a la renuncia del contador Gustavo Oosterbaan como director del Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos, quien se habría negado a proporcionar la base de datos de los alumnos para un uso político partidista por parte del actual gobierno municipal.
Garate expresó que “es una lástima que se desvirtúe el espíritu de creación y funcionamiento del CRESTA, nosotros creemos que no se debe politizar ni utilizarse electoralmente, sino que su funcionamiento debe ser una política de Estado, que exceda los gobiernos de turno, donde debemos tratar de que crezca, ampliarlo y jerarquizarlo cada vez más y que sea el comienzo del sueño de una Universidad para Tres Arroyos”.
“Le pido al Intendente Sánchez que se calme y reflexione. La actitud del intendente y sus funcionarios más cercanos para con en el CRESTA hace inevitable su asociación con los hechos ocurridos en el destacamento policial de San Mayol en los que el intendente habría ofrecido pelea a un vecino y su intervención habría sido también decisiva para el traslado de la oficial a cargo del mismo, o la orden de desalojo de familias con niños, tirándole paredes de sus humildes viviendas y sin dar intervención previa a la Justicia, como debe corresponder, en un claro hecho de abuso de autoridad”, recalcó el diputado Garate.
Y agregó: “causa una profunda preocupación no solo en la dirigencia política y social de Tres Arroyos, sino en toda la población, este tipo de actitudes soberbias y prepotentes, que denotan mucho nerviosismo, por eso me permito aconsejar y llamar a la reflexión al señor Intendente Municipal por el bien de las instituciones y la calidad de la democracia de Tres Arroyos”.
Y en lo que hace específicamente a la solicitud de datos de los alumnos del CRESTA, el diputado tresarroyense coincidió en que se trata de una violación a la Ley de Habeas Data o de Protección de Datos Personales N°25326, que establece que el uso y tratamiento de los datos de una persona “es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias” y que “los datos personales objeto de tratamiento sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos que permitan hacerlo”.
