Ley de Tierras: ¿qué pasaría si el distrito de Tres Arroyos pasara a manos de extranjeros? -Carlos Ordóñez
La modificación de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional reabrió un debate que trasciende la cuestión jurídica y plantea un interrogante de fondo sobre el modelo de desarrollo que tendrá la Argentina en las próximas décadas.
La Ley 26.737, sancionada en 2011 con amplio respaldo del Congreso, estableció que la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras no podía superar el 15% del total del país, de cada provincia y también de cada municipio. Además, fijó límites para una misma nacionalidad y restricciones para determinadas zonas consideradas estratégicas.
Durante el gobierno de Mauricio Macri algunos aspectos de esa norma fueron flexibilizados mediante modificaciones reglamentarias. Ahora, el Gobierno propone una nueva reforma que eleva el límite al 25% y elimina los topes por provincia y municipio, dejando únicamente un límite nacional.
Más allá de la discusión política, vale la pena hacerse una pregunta.
¿Qué ocurriría si dentro de veinte o treinta años las casi 600.000 hectáreas del partido de Tres Arroyos estuvieran concentradas en manos de uno o de unos pocos grandes grupos internacionales?
La producción seguramente continuaría. Incluso podría aumentar. Pero el verdadero interrogante es otro: ¿qué pasaría con la economía de Tres Arroyos?
Hoy alrededor de mil productores agropecuarios y entre dos mil y cuatro mil titulares de tierras generan una extensa red económica que sostiene veterinarias, agronomías, talleres rurales, transportistas, comercios, profesionales, medios de comunicación y cientos de puestos de trabajo en el distrito y en ciudades vecinas como Coronel Dorrego, Gonzales Chaves, San Cayetano, Coronel Pringles y Necochea.
Ese entramado es lo que los economistas denominan efecto multiplicador: la riqueza generada por el campo no queda solamente en el productor, sino que se distribuye en toda la comunidad.
Si las decisiones de inversión, compra de maquinaria, adquisición de insumos y distribución de utilidades pasaran a concentrarse en uno o en muy pocos grandes grupos empresarios, la pregunta sería inevitable: ¿cuánta de esa riqueza seguiría quedando en la región?
La Argentina ya conoce algunos antecedentes que alimentan este debate. El conflicto por el acceso a Lago Escondido abrió una discusión sobre la relación entre propiedad privada e interés público. También existen casos de fuerte concentración de tierras, como el de la empresa forestal Arauco en Misiones, y el reclamo de un municipio entrerriano que desde hace años intenta adquirir apenas diez hectáreas para desarrollar un parque industrial sin haber logrado un acuerdo con el propietario.
El objetivo de este planteo no es rechazar la inversión extranjera ni cuestionar el ingreso de capitales. El verdadero debate pasa por otra cuestión: qué tipo de desarrollo queremos para nuestras comunidades.
Porque una cosa es producir más.
Otra, muy distinta, es garantizar que esa riqueza continúe generando empleo, actividad económica, oportunidades y arraigo en ciudades como Tres Arroyos y en todo el interior productivo argentino.
Esa es, quizás, la discusión más importante que plantea hoy la reforma de la Ley de Tierras.
