Megacausa Zona 5: empezó el juicio a militares por la detención ilegal de tresarroyenses
Las audiencias del juicio de la denominada Mega Causa Zona V comenzaron ayer en el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, el cual analizará los delitos de secuestros, torturas, homicidios, desapariciones, robo de bebés y abusos sexuales perpetrados en la jurisdicción del V Cuerpo de Ejército durante la última dictadura cívico militar, en el proceso de lesa humanidad más grande de la historia judicial bonaerense.
En el marco de la causa se encuentran imputadas 38 personas en perjuicio de 334 víctimas y en las audiencias declararán unos 220 testigos, según consignaron fuentes judiciales. La investigación sustanciada para llegar a este juicio apunta a determinar la responsabilidad de los imputados en operativos de detención ilegal de tresarroyenses como la llamada Operación Trigo, ocurrida entre el 15 y el 16 de septiembre de 1976 en esta ciudad.
El debate oral -encabezado por un tribunal integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido- comenzó pasadas las 10 de hoy con una audiencia en la sala ubicada en la sede judicial de la calle Chiclana y Lavalle, en el centro de Bahía Blanca.
Se trata de la instancia oral de la causa caratulada “Ayala, Felipe y otros” sobre la privación ilegal de la libertad personal, homicidio agravado por el concurso de dos o más personas y asociación ilícita”.
Al comienzo de la audiencia, el presidente del Tribunal, Ernesto Sebastián, dijo que “en cuanto a la difusión y la publicidad, el principio (del juicio) es libre como lo marca el código de procedimiento, acá no hay nada en lo que los magistrados ignoren, específicamente de aquellos actos que son relevantes para la consecución del juicio”.
“Hay algunos actos que no se pueden disponer de manera anticipada su difusión porque no se sabe si va a haber un compromiso tanto con el contenido del acto como con la persona que participa”, sostuvo el magistrado, quien indicó que “los testimonios, por la característica de los hechos, quizás haya que no quieran que se dé difusión pública y, en ese caso, el Tribunal lo va a resolver de manera fundada”.
En la sala de audiencias se hallaban presentes los integrantes del Ministerio Público Fiscal Miguel Ángel Palazzani, el acusador ad hoc José Alberto Nebbia y el auxiliar Pablo Vicente Fermento, quien el año pasado estuvo en Tres Arroyos, dando cuenta de los avances de las investigaciones que permitieron la sustanciación de la megacausa, invitado por la filial tresarroyense de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
“Comenzamos el octavo juicio por delitos de lesa humanidad en jurisdicción de Bahía Blanca y la región siempre con la sensación de la enorme responsabilidad de transitar un acontecimiento que entendemos totalizante en términos históricos”, señaló.
Palazzani en el inicio de su alocución
El Tribunal dispuso además que en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur, ubicada en Colón 80, lugar en el que se habían realizado los anteriores juicios de lesa humanidad, se disponga de una pantalla gigante para que los interesados puedan seguir en vivo las audiencias. También existe la posibilidad de seguirlas en el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación
La Operación Trigo en Tres Arroyos
En la llamada “Operación Trigo”, varios de los militares que llegan a juicio en esta importante instancia son acusados de la retención ilegal de una importante cantidad de tresarroyenses, muchos de los cuales fueron alojados en el Salón Blanco del Palacio Municipal. Más tarde varios de ellos serían derivados a la Comisaría Primera, otros a la sede del V Cuerpo en Bahía Blanca, y en todos los casos, antes de ser liberados varios días más tarde, fueron sometidos a violentos interrogatorios.
Entre aquellos vecinos detenidos ilegalmente se puede mencionar a Rudy Saiz, al abogado Jorge Villalba, al arquitecto Jorge Errazu, al mecánico Rubén Pollacchi, al odontólogo Marcelo David, al gremialista de la carne Enzo Sangiuliano, a los militantes comunistas José Piro y Santiago Perusín (por entonces de más de 70 años) y al joven militante peronista “Cholo” Peñalba, de 20 años, que permaneció en cautiverio por varios meses sin que se sepa hasta hoy por qué cargos fuera apresado.
