Quantín le quiere explicar al Presidente de la Nación el mejor camino para las PPP

4 septiembre, 2020 Leido: 7661

Quantín le quiere explicar al Presidente de la Nación el mejor camino para las PPP

El titular de Vial Agro S.A., Ing. Pablo Quantín, manifestó por LU 24 su deseo de poder explicarle al presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuál sería el mejor camino para continuar con el sistema PPP. En ese sentido, se refirió al fallo judicial que podría destrabar las negociaciones por los contratos de Participación Público Privada en corredores viales, sistema a través del cual la empresa tresarroyense se adjudicó la obra que incluye a las rutas 3 y 226. Incluso, mantiene tres obradores preparados para trabajar.

En una extensa entrevista con el programa “Estamos de vuelta”, consideró que “hay que dejarse de tirar dinero en cuestiones subyacentes y ponerlo donde hace falta. Yo lo escucho al Presidente de la Nación respecto a su idea de reactivar la economía en general y veo lo que estamos hablando de estos contratos y son dos trenes que se chocan de frente. A mí me encantaría, sería el sueño de mi vida, sentarme adelante del Presidente de la Nación y en 10 minutos darle un pantallazo de todo esto”.

Dijo que se atraviesa un contexto “extraño porque el gobierno nos exige cumplimientos de contratos como si estuviéramos en una situación normal y de un país floreciente. No sé cómo va a seguir todo esto”.

“Le propusimos hacer un impasse de 180 días y esperar a que esto se calme un poco, para que todo el mundo pueda pensar con un poco más de tranquilidad. No entendemos bien por qué nos encontramos con una negativa sistemática del Gobierno a todo lo que proponemos”, reveló.

“Si esto desencadena mal es una catástrofe”

“El Ministro, en una reunión en la que no estuve, nos transmitió que la idea no es dañar a las empresas y ver cómo en los próximos 90 días se terminaba de una manera en paz y consensuada, pero nunca tenemos la chance de hablar de una posibilidad de continuación, obviamente no en las condiciones en las que se diseñó un pliego en 2017 porque vivimos en otro mundo y otro país”, añadió. Y alertó que “si esto desencadena mal es una catástrofe: convocatoria de acreedores, quiebras, etc. Aspiramos a que los funcionarios sean sensatos, al igual que nosotros, que prime la cordura y no se dañe a tantas empresas y gente por una mala decisión”.

“Cierres financieros más acotados y en pesos”

“Tenemos una liquidez excesiva de pesos y hoy se podría hacer una pequeña modificación en el contrato, tratar de tener cierres financieros más acotados, acordes al país en el que vivimos, en pesos, y en el término de 30 días hay una pila de empresas y una cantidad de obras ejecutándose con todo lo que ello significa: fuentes de trabajo, inversiones, movimientos, pago de impuestos; por qué no se va por ese camino, realmente no lo sé, humildemente creo que se está decidiendo mal. No conozco cuál es el móvil que genera el pensamiento que tenemos que tirar esto por la ventana, cuando en estos días ha salido en algunos medios que la Comisión Nacional de Valores, junto con el Ministerio de Obras Públicas y la Cámara Argentina de la Construcción, está tratando de generar fideicomisos para financiar obra pública, ni más ni menos lo que estos contratos dicen que tenemos que hacer. Entonces no se entiende para que romper estos contratos para dentro de un tiempo estar trabajando para hacer lo mismo”, cuestionó.

“Yendo a la Justicia no salvamos nada”

“Yendo a la justicia no salvamos nada, las alternativas son pobres en general por los tiempos, el daño se va a hacer mucho antes. Estamos hablando de que son los 7 mil kilómetros de ruta de mayor volumen del país y de las fuentes de trabajo de unas 6 mil personas en condiciones de explotación, ni hablamos de las que estamos cerrando o inhibiendo”, declaró.

“Si se judicializó se está a 180 grados, los concesionarios tenemos algunos criterios básicos y le hemos arrimado algunas ideas al gobierno pero no hemos tenido éxito”, remarcó.

La historia reciente de las PPP

Quantín expuso que “como estamos en un país históricamente inestable, para dar confianza al inversor local o extranjero, la Ley PPP prevé una pequeña participación, a modo de garantía, del presupuesto nacional en caso de que por el impuesto interno del combustible –y otros tributos- no se junte el suficiente dinero como para repagar las obras en el plazo establecido”.

Asimismo, reseñó que “en abril de 2018 se licitaron seis corredores, nuestro consorcio tuvo la fortuna o no, la verdad no sé cómo llamarlo a esta altura, de haber ganado uno, que es el corazón  de la provincia de Buenos Aires, al que conocemos muy bien por ser originarios, y se firmaron los contratos en julio, comenzando las operaciones el 1 de agosto” de ese año.

“Entre que se licitó y se firmó el contrato este país tuvo un cimbronazo importante. Estos son contratos en dólares, los compromisos y las garantías también. De abril del ´18, con el tipo de cambio a 16/ 17 pesos, al momento en que empezamos a operar, seis meses después, el dólar ya estaba en 46/47 pesos, o sea habíamos tenido una devaluación superior al cien por ciento y el Riesgo País, que es el indicativo del valor del endeudamiento interno o externo de un papel que se asemeja a un soberano, emitido por un fideicomiso, se había incrementado desde los 385 puntos básicos en abril a los 700 puntos básicos en agosto”.

Posteriormente, -repasó- en 2019 y a través del Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional inhibió las reglas para tomar financiamiento, lo que fue considerado por el empresario como “el primer absurdo”.

“Pese a todo esto y en la confianza de llevar adelante y la responsabilidad que uno toma cuando firma el contrato, hicimos lo imposible para conseguir un financiamiento, mientras tanto se empezó a funcionar con el capital propio de la compañía, algo que no es infinito y las constructoras no nos dedicamos a financiar”, precisó.

En agosto de 2019, con las obras comenzadas, luego de las PASO, vino “el descalabro económico y se nos imposibilitó por completo conseguir el más mínimo financiamiento. Llegamos a diciembre de ´19 cambio de gobierno y la administración nueva dictó una emergencia económica muy amplia en el país; son todas cuestiones que conspiran para obtener un financiamiento para desarrollar un programa PPP”. “Así y todo, en el caso de nuestro contrato, estuvimos con las inversiones que correspondían al día hasta el 31 de enero de 2020. A partir de ahí, empezamos a tener múltiples reuniones con la gente de Obras Públicas, y la primera fue muy auspiciosa porque dijeron ´este programa es bueno, hay que ajustar algunas cosas, esperemos a que la macro-economía argentina se corrija un poco a ver si podemos cerrar algún tipo de financiamiento alternativo´”, añadió. “Toda esa buena intención duró hasta el mes de marzo, donde la pandemia nos guardó a todos, la economía se enrareció absolutamente y por completo y llegamos al día de hoy con una situación extraña porque el gobierno nos exige cumplimientos de contratos como si estuviéramos en una situación normal y de un país floreciente, y nosotros hemos hecho esfuerzos denodados”, comentó.

“No sé por qué no nos ponemos de acuerdo”

“Esas son las cosas que parecen fáciles y en las que nos tendríamos que poner de acuerdo rápido pero no sé muy bien por qué no sucede, a tal punto que hay que recurrir a un Juzgado  para que clarifique toda esta situación con el bemol que significa ir a un Juzgado en la Argentina: tiempos de 48 horas se transforman en 7 meses”, lamentó.

Al momento, Vial Agro tiene ejecutados  algo más de 20 kilómetros de la ruta 226, correspondientes a los primeros trabajos. La segunda parte debía iniciar desde Tres Arroyos a Coronel Dorrego, más la variante de nuestra ciudad. Quantín admitió que “no sé cómo va a seguir todo esto”. Cabe señalar que la empresa “invirtió en maquinaria para este proyecto, formó gente, tomó compromisos y recibió asesoramiento”.

“Con el Estado, que quiere rescindir los contratos con la excusa de que son inviables, hemos mantenido charlas y no nos entendimos prácticamente en nada, por eso recurrimos a un juez”, remarcó al tiempo que detalló que “las empresas les decimos señores dennos la oportunidad de desarrollar estos contratos, el país y la seguridad de los usuarios los necesitan, no es tan inconveniente lograr un financiamiento”.

“Obviamente, con la letra que tiene, el contrato es difícil de llevarlo a cabo pero la Ley de PPP es bastante flexible, se hizo para la Argentina, sabiendo lo que es la Argentina, con todos los vaivenes importantes que tenemos, entonces se pueden hacer algunos retoques que no son de mucha envergadura para llevar adelante esto”, reflexionó.

“Necesitamos recuperar lo invertido”

En caso de llegarse a un escenario en el que se rescindan los contratos, “la puja está en que el Gobierno no quiere devolvernos nada de lo invertido y nosotros le estamos diciendo `no queremos un lucro cesante sino un daño emergente`. El gobierno no entiende que necesitamos recuperar lo que hemos invertido, ni un centavo más”.

 “Corredor deficiente”

Como parte del contrato, el mantenimiento del corredor nunca dejó de hacerse. “Eso se sustenta a través de la recaudación de los peajes, que en el caso nuestro es una muy chiquita, además sacamos dos, el de Cascallares y el de Azul; y hay una pequeña cuota que paga el Estado pero obviamente nuestro corredor es deficiente, no nos alcanza el dinero con esos dos conceptos para conservar la explotación. La ecuación económica financiera se completaba con la ejecución de la obras y da negativo desde el 1 de agosto de 2018”, detalló.

El plazo para encontrar una solución es el 30 de noviembre próximo, cuando se agota el período para lograr un cierre financiero.

Para ejemplificar el impacto negativo generado por esta situación, contó que “en los primeros días de agosto del año pasado les hicimos el (examen) preocupacional a más de 200 personas para iniciar las obras en Tres Arroyos, no trabajaron nunca, así como las tomamos a las 48 horas las despedimos. Solamente era por una obra, hoy tendríamos que tener 17 trabajando en simultáneo”.