Policoop y adultos mayores: Es en la justicia donde los funcionarios tienen obligación de denunciar un ilícito
Es deber del funcionario público denunciar si conoce la existencia de un delito. Para poder materializar esta obligación, el sistema republicano prevé instituciones y mecanismos, a las que el funcionario en cuestión, cualquiera sea su rango, debe acercarse y proveer los elementos que le permiten inferir que se está cometiendo un ilícito, para promover su investigación y, si corresponde, su sanción. Los medios de comunicación y las redes sociales no están entre esos mecanismos que prevé el sistema: no es allí donde se hacen las denuncias. En todo caso, en estos soportes se enuncian cuestiones, se describen hechos, se alimentan sospechas, que sin la intervención de la justicia son solo eso: palabras.
Esta modalidad de denuncia mediática se ha extendido peligrosamente en el ámbito político tresarroyense. Ocurrió en el marco de la problemática habitacional, ampliamente discutida por estos días; en la nocturnidad, con intervenciones opositoras que reconocen no contar con los elementos suficientes para acudir a la justicia pero que siembran sospechas en los medios, y ahora le ha tocado a un sector vulnerable de la sociedad y que, como tal, requiere especial atención: los adultos mayores.
Ya son varias las reuniones de la Comisión de Seguimiento tras las cuales la concejala Daiana De Grazia hace referencia a hechos de violencia en establecimientos geriátricos, sin que sus apreciaciones tengan el correlato en la justicia que está obligada a promover como funcionaria pública. De Grazia sigue un patrón similar en sus declaraciones cada vez: habla de que ha recibido reclamos de familiares de adultos mayores, que le han dicho que existen situaciones de maltrato, y sobre la base de esos comentarios propone instalar cámaras de seguridad en los lugares de uso común de las residencias. Las familias podrán tener sus razones para no denunciar; quizá dificultades de acceso a otro establecimiento, falta de recursos… La concejala no puede eludir su deber: tiene que acudir a la justicia.
Luego de la última reunión de la Comisión mencionada fue más lejos: denunció a Policoop, la cooperativa prestataria de servicios de salud que se hizo cargo de la atención de emergencias de afiliados a PAMI tras un sinnúmero de inconvenientes que se dieron mientras la fuerza política a la que De Grazia pertenece era gobierno nacional y provincial, sin que prosperara ningún reclamo. La concejala aseguró que a un paciente internado tras agravarse su cuadro de salud “le faltó atención médica”, por esta situación responsabilizó a Policoop “por no haber asistido” – ¿desconociendo la obligación de cada geriátrico de contar con un médico?- y finalmente dijo haber hecho, sin que se conozca qué poder de policía tiene para tal acción, “una inspección” en el lugar. La denuncia en la justicia y el reclamo en PAMI, que proceden en el caso de que las afirmaciones mediáticas de la concejala tengan algún viso de realidad, hasta ahora no existen.
Desde Policoop han tomado la decisión de responder por las vías que consideran pertinentes ante esta situación, y en los próximos días se esperan novedades.
