Rutas sin mantenimiento: advierten que el abandono ya provoca tragedias
El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) advirtió que la falta de inversión y mantenimiento en infraestructura ya tiene consecuencias directas en la seguridad de la población, en un contexto marcado por la retracción de la obra pública a nivel nacional.
“No se pueden dejar de mantener las rutas y caminos como no se pueden dejar de limpiar los cursos de agua”, sostuvo el presidente del CIPBA, Jorge Castellano, al señalar que la problemática se refleja en situaciones concretas a lo largo del territorio bonaerense.
Uno de los casos señalados por la entidad fue formalizado en una presentación ante la Dirección Nacional de Vialidad, donde se expuso la situación del cruce entre la Ruta Nacional N° 3 y la denominada Ruta 3 Vieja, en el corredor Bahía Blanca–Monte Hermoso. Según indicaron, el trazado presenta accesos en curva, visibilidad reducida y maniobras forzadas, condiciones que no cumplen con criterios básicos de seguridad vial.
El documento también menciona una serie de accidentes fatales ocurridos en ese punto durante 2025, con múltiples víctimas, lo que refuerza la necesidad de una intervención inmediata. En ese marco, el Colegio solicitó medidas preventivas urgentes, la priorización de la obra dentro del esquema de concesión del corredor y ofreció su participación técnica para el desarrollo de soluciones.
Desde la entidad señalaron que la situación puntual en la Ruta 3 se inscribe en un escenario más amplio, caracterizado por la ausencia de una política nacional activa en materia de infraestructura, lo que deriva en respuestas fragmentadas y limitadas para abordar obras de mayor escala.
En ese contexto, indicaron que la Provincia de Buenos Aires intenta sostener parte de la actividad, como el llamado a licitación para retomar la ejecución del túnel de la avenida Illia en San Justo, una obra que había quedado paralizada y que busca reactivarse con financiamiento provincial.
A la par, continúan intervenciones de menor escala vinculadas a servicios básicos, como cloacas, desagües pluviales y mantenimiento urbano. Sin embargo, estas obras también se ven condicionadas por la falta de financiamiento, lo que obliga a recurrir principalmente a fondos propios y limita el alcance de las inversiones. “La financiación es mucho más compleja y su alcance mucho más reducido”, advirtió Castellano.
El Colegio también puso el foco en la situación jurídica de las obras paralizadas en los distintos niveles del Estado, donde la falta de pago de certificados y de fondos derivó en la suspensión de trabajos mediante comunicaciones de escaso sustento legal.
Según indicaron, en esos casos se transfieren eventuales responsabilidades civiles a las empresas y sus aseguradoras, y las penales a los profesionales intervinientes, en obras que no pueden ser formalmente abandonadas y donde tampoco se realizan tareas básicas de mantenimiento como señalización o reparaciones.
Frente a este escenario, la entidad reclamó la regularización urgente de cada obra en particular y advirtió que la falta de intervención deja de ser un problema económico para convertirse en una cuestión de seguridad pública con consecuencias concretas.
Fuente: La Nueva.
