Se dan posibilidades legales para que “se caiga” el pedido de quiebra de Frigorífico Anselmo
La representación legal de Frigorífico Anselmo SA está trabajando por estos días en la contestación de la declaración de quiebra solicitada por una consignataria de hacienda, para que se transforme en concurso preventivo de acreedores con el fin de poder permitir las negociaciones de venta de la empresa y de preservar la fuente de trabajo de los 150 empleados.
La quiebra decretada en un fallo del Dr. Fenando Elizalde, titular del Juzgado Civil y Comercial Nro. 1 de Tres Arroyos, no fue notificada al parecer aún y solo se conoce por el texto que trascendió a los medios. Inclusive no se ha hecho la publicación de edictos, aunque se sabe que ya fue designado un contador que será el síndico, habiendo recaído en una profesional de Bahía Blanca.
El artículo 90 de la Ley de Quiebras indica que el deudor puede solicitar la conversión del trámite en concurso preventivo, dentro de los 10 días contados a partir de la última publicación de los edictos que informan sobre la sentencia de quiebra.
Se entiende que si todo se circunscribe al acreedor foráneo a través de un abogado local únicamente, no sería complicado negociar el pago del monto por el cual se solicita la medida, dado que no supera el millón de pesos, cuando Frigorífico Anselmo, el fin de semana pasado “repartió” más de 1.500.000 pesos en efectivo, como adelanto de parte de los sueldos caídos. Y posee además bienes muebles e inmuebles que podrían responder al reclamo del acreedor sin el traumático trámite de quiebra.
Por otro lado se sabe que el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne de Tres Arroyos haría presentaciones formales ante los organismos que correspondan: Colegio de Abogados, Ministerio de Trabajo, Asociación de Abogados de Tres Arroyos, pidiendo sanciones para con el Dr. Juan Pablo Agel, patrocinante de la empresa que pide la quiebra, por cuando en su condición de empleado del Ministerio de Trabajo, su función es asesorar sobre los derechos laborales, y bien sabe que la quiebra de una empresa puede ser motivo suficiente para que se pierdan empleos, en este caso 150 obreros. Si bien el letrado, aunque sea funcionario asesor del Ministerio, no tiene bloqueo de su título y puede desarrollar su profesión libremente, el hecho que habría molestado a los sindicalistas pasa únicamente por lo ético.