Segmento jurídico en Bus 24: la era de los “acuerdos” en la justicia argentina

La figura del arrepentido, la del fiscal que ofrece un “acuerdo” al autor de un delito a cambio de información y de mejorar su situación ante el juez, parecían hasta hace unos años, en la Argentina, circunscriptas a las pantallas de la televisión o el cine. Sin embargo, como recordó el doctor Matías Moya en el segmento jurídico de Bus 24, con la sanción de la Ley 27.304, conocida mediáticamente como “ley del arrepentido”, y 19 días después la de Responsabilidad de las Personas Jurídicas –por la que se sanciona penalmente a una empresa pero no a sus directivos- se inauguró en la justicia argentina, especialmente en lo que tiene que ver con lo penal económico, la era de los “acuerdos”.
“La figura del arrepentido existía para casos de narcotráfico, sin embargo la naturaleza de las organizaciones narco hizo que no prospere en este ámbito, porque un traficante en escala menor no delata a sus ‘jerárquicos’. Tiempo después aparecería con fuerza en investigaciones vinculadas a la corrupción, como las que hoy están en curso. Pero no cualquiera puede ser arrepentido: básicamente la información que brinde tiene que servir tanto para avanzar en la investigación de los hechos y sus autores, como para recuperar los bienes producto del ilícito”, explicó Moya. Los “beneficios” implican la reducción de la escala del delito consumado al grado de tentativa, lo que disminuye de un tercio a un medio la pena y generalmente lo torna excarcelable.
Mientras tanto, reglamentada recién en noviembre del año pasado, con seis meses de andadura, prácticamente no se conocen casos en los que se haya aplicado la ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas. “En este caso, el directivo es eximido de responsabilidad si acredita que actuó por la empresa y no en beneficio propio, algo que no suele ser fácil de probar. Las sanciones que se imponen a las personas jurídicas van desde el impedimento de participar en licitaciones pùblicas hasta la disolución definitiva, lo que en el caso de Brasil con Odebrecht, por ejemplo, implica un compromiso muy grande porque pone en riesgo un alto porcentaje del PBI y el empleo de hasta 30.000 personas, por poner un ejemplo de la actualidad”, señaló el abogado.