TRAFER denuncia penalmente a funcionarios municipales
El Director de Políticas Tributarias de la Municipalidad de Tres Arroyos Ariel Sánchez, ha sido denunciado penalmente por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, conjuntamente con el subdirector de recaudación Pablo Andrés Huerta, y la Contadora Municipal interina Daniela Ortega.
En el marco del expediente administrativo donde tramitó la deuda en concepto de tasa por inspección de seguridad e higiene con relación a la empresa TRAFER los funcionarios intervinientes emitieron un certificado de deuda en forma ilegal, incluyendo de manera deliberada períodos y montos que se apartan del expediente y la ley.
La empresa se encuentra radicada en el parque industrial de Tres Arroyos desde el año 2014. Al respecto, las empresas radicadas en el parque industrial se encuentran amparadas por ley que otorga exenciones impositivas entre las cuales comprende la tasa por inspección de seguridad e higiene.
Cabe recordar al respecto que la propia Municipalidad a través de la Secretaría de Producción promovió la migración de las empresas situadas en la Ciudad migren al Parque industrial, enfatizando entre sus distintos beneficios la adhesión a la ley de promoción industrial y sus consecuentes exenciones impositivas por 12 años.
El certificado de deuda en cuestión, que posibilitó los acontecimientos narrados, y fuera suscripto por los funcionarios mencionados comprendió cuatro períodos: 2012, 2013, 2014 y 2016 (éste último ascendió a la suma de casi $50.000). De esta forma, se incluyó deliberadamente el período 2016 en el que la empresa ya estaba radicada, desde hace más de 2 años, en el Parque Industrial y por ende expresamente excluida de la tasa por ley.
Por su parte, resulta sumamente llamativo que dicho período y monto no surgen del expediente administrativo.
De esta forma, se ha incumplido también el procedimiento administrativo que regula la actuación de los funcionarios, y que garantiza el derecho de defensa de la empresa, en tanto respecto del período 2016 no hubo vista previa al contribuyente, ni se corrió el traslado previsto por la norma para efectuar el descargo; incluso la resolución administrativa que pone fin al expediente no incluye el período luego incorporado en el certificado de deuda ejecutado.
Desde la óptica jurídica, la emisión del certificado de deuda fue el paso necesario para que jurídicos de la Municipalidad inicie un juicio de apremio a la empresa que se encuentra en pleno proceso litigioso.
Al respecto, es importante recalcar que en el juicio de apremio el demandado no puede defenderse plenamente, ya que el instrumento se presume legítimo, y habilitó de esta forma a la municipalidad con su sola presentación a trabar medidas cautelares.
De esta forma la empresa se vio perjudicada por un embargo que fue solicitado por un mismo monto y concepto en forma ilegítima, pero trabado además en distintas cuentas bancarias multiplicándose así su efecto, y que la empresa pudo sortear gracias a su sólida situación económica.
Por tales perjuicios, según nos comentarán fuentes de la empresa, se encuentra considerando entablar acciones de responsabilidad civil con relación a los funcionarios involucrados por los perjuicios ocasionados.
Además sostienen que la ilegalidad no fue casual, ya que El Director de Políticas Tributarias ha tenido una conducta ilegal desde un primer momento impropia de su carácter de funcionario público. Lo cual derivó oportunamente en la presentación de un sumario administrativo y su posterior recusación en el trámite de las actuaciones.
Y además en un planteo de inconstitucionalidad de la tasa por inspección de seguridad e higiene presentado por TRAFER que actualmente tramita por ante la justicia contencioso administrativa, que podría poner fin definitivamente al tributo.
En síntesis, los funcionarios han emitido un título de deuda en violación a la ley, e incumpliendo el procedimiento administrativo previo que regula sus funcionarios, apartándose de esta manera de sus obligaciones como funcionarios públicos en claro abuso de autoridad, e instando un juicio ejecutivo basado en documentación falsa.
Como corolario, la empresa sostiene que esta situación es insólita e inaceptable, y puede tocarle a cualquier vecino de la Ciudad.
Sostienen que no sólo hay que hacer frente a una carga impositiva sin precedentes -donde constantemente se reciben “notitas” de Políticas Tributarias con amenazas de juicio de apremio- sino que además resulta que ahora también a tasas ilegales, ejecutadas en violación a la propia ley.
