AMIA: Cimadevilla salió al cruce de las versiones de cierre de la Unidad Especial

4 septiembre, 2017

AMIA: Cimadevilla salió al cruce de las versiones de cierre de la Unidad Especial


En una entrevista exclusiva con LU 24, el radical chubutense Mario Cimadevilla, exsenador e integrante del Consejo de la Magistratura y titular de la Unidad Especial AMIA, salió al cruce de las versiones periodísticas de cierre de ese organismo que aluden a falta de resultados y de transparencia. Aseguró que desde hace un año espera por la compra de un software que agilizaría “el análisis de una causa que ya tiene 600.000 fojas de papel, una modalidad por la que ya no se investiga en ningún país”, y que una vez adquirida y utilizada esa tecnología, “nosotros mismos indicamos que nuestra labor en torno a la causa AMIA ya estaría finalizada”.
Cimadevilla aclaró que el rol de esta secretaría “no es el de investigar sino el de apoyar el desarrollo de las investigaciones del Poder Judicial, liberando de obstáculos el accionar de los jueces, pero de ninguna manera ejercer el rol de un fiscal. No estamos en el lugar de Nisman”.
En este sentido, el exsenador hizo referencia a un proyecto que impulsó para que se lleven a cabo juicios en ausencia. “Nos encontramos con una causa paralizada como consecuencia de que los jueces argentinos entienden que si los imputados no están presentes, en este caso cinco iraníes que están en Irán y que no cumplen con los requerimientos de la justicia argentina. Nuestro proyecto fue consensuado con los distintos bloques del Senado y tiene tratamiento parlamentario, y si bien sabemos que puede generar debate en el campo jurídico, entendemos que son los debates que la sociedad espera que demos”, argumentó Cimadevilla.
Finalmente, se refirió al Discovery, la tecnología de investigación que recomendó comprar tras entrevistarse con miembros del Tribunal de La Haya. “Hoy no se puede investigar un expediente de papel. Por eso le pedimos al Ministerio, porque esta secretaría no maneja presupuesto, que contrate esta tecnología. Entonces se firmó un convenio entre los Ministerios de Justicia y Modernización, y se puso en marcha el proceso para adquirir ese software. En la misma nota en la que la pedimos, decíamos que si con esta tecnología se podían aclarar algunos hechos, nuestra función ya estaba cumplida. Pero pasó un año y aún no la tenemos”, sostuvo.
Finalmente, advirtió que el software no cuesta 2 millones de dólares como se menciona, sino 500.000. “Y podrá hacer un aporte muy importante no sólo a esta causa, sino a muchas otras”, concluyó.