El abogado de los camioneros atribuyó su situación procesal a la puja de grupos económicos
El abogado defensor de los camioneros detenidos, Maximiliano de Mira, aseguró que la situación procesal de sus asistidos obedece a presiones de grupos económicos que prefieren dirimir diferencias de tipo laboral en el fuero penal, “porque es más fácil. Hay una puja de intereses económicos en el medio y habitualmente atiendo asuntos donde sucede esto”. El letrado apeló la prisión preventiva de los tresarroyenses, y si bien admitió que los cuatro estarían en condiciones a raíz de esta medida de ser trasladados a un establecimiento penitenciario, la falta de cupos en los cercanos a Tres Arroyos –Saavedra y Villa Floresta- hace que todavía estén alojados en la Comisaría Primera.
Al mismo tiempo, diferenció la situación de los cuatro imputados, Juan Menéndez, Juan José Rodríguez, Mario Rodríguez y Pablo Véster, al indicar que “en principio se les imputa una asociación ilícita a los cuatro, pero todos enfrentan situaciones disímiles. En algún caso hay antecedentes de ejecución condicional pero también se les imputan diferentes hechos a cada uno, como parte de esa supuesta asociación ilícita. No todos están acusados de extorsión o coacción. Y hay dos personas que además no tienen antecedentes, incluso sobre ellos consideramos no justificada la prisión preventiva, pero eso lo decidirá el tribunal superior. Para ellos pedimos la excarcelación extraordinaria, que fue denegada por la jueza de Garantías, y para Vester y Menéndez pedimos además una morigeración de la prisión preventiva, que está en trámite. En el caso de los dos hermanos Rodríguez uno de los delitos imputados, la extorsión, tiene un mínimo legal que supera los 3 años de prisión, cosa que no ocurre con los otros dos, que están acusados por un delito cuyo piso permitiría incluso la condena de ejecución condicional. De todos modos considero que no hay elementos en ningún caso para configurar una extorsión”, explicó.
Advirtió además que “las detenciones se ordenaron incluso antes de tener los resultados de cruces telefónicos y careciendo de elementos que prueben la existencia de una asociación ilícita, probablemente por presión de esos grupos económicos”.
Finalmente, el abogado dijo desconocer la existencia de publicaciones de familiares de los camioneros en las redes sociales, en las que atribuyen algún tipo de responsabilidad en el caso a autoridades municipales. “Hablo únicamente por la situación procesal de las personas que atiendo; no conozco origen ni fundamento de esas publicaciones por lo que no sería prudente expedirme sobre ellas. Está claro que hay un interés de fuerzas económicas en esto, especialmente en las empresas que están interesadas en que estas denuncias avancen”, concluyó.
