La Cámara bahiense confirmó la preventiva a Ramos y Galván, sospechosos de robos en el barrio Ruta 3 Sur
La Cámara Penal de Bahía Blanca confirmó la prisión preventiva de Cristian Miguel Ramos y Lautaro Carlos Galván, sospechosos de varios ilícitos que tuvieron a mal traer a los vecinos del barrio Ruta 3 Sur, y de no mediar cambios en su situación procesal tendrán que seguir presos hasta la realización del juicio oral.
Lo dispuso el camarista Guillermo Giambelluca, de la Sala I de la Cámara bahiense, al confirmar la decisión de la jueza Verónica Vidal, interinamente a cargo del Juzgado de Garantías de Tres Arroyos.
Según recuerda el diario bahiense La Nueva, el hecho que derivó en la detención de ambos se produjo el 2 de diciembre pasado, sobre las 20.50, cuando dos ladrones ingresaron en el domicilio de Balcarce 1730, departamento 8, luego de romper una ventana de paño fijo de 1,20×60. De la vivienda, ocupada por Alfredo Sebastián Leyes, se llevaron 2 mil pesos, una cadenita de plata, una billetera de niña, dos relojes pulsera y dos cañas de pescar.
Fue el propio Leyes el que descubrió el delito en progreso. Cuando llegaba a su casa, observó la fuga de un joven con una camiseta roja, delgado y “de dientes bien prominentes”, que iba en una bicicleta, a toda velocidad, con las dos cañas en sus manos.
La abogada particular de Galván, Elisa Hospitaleche, y la defensora oficial de Ramos, Luciana Bellingeri, apelaron la preventiva al considerar que las pruebas para relacionarlos con el delito no eran suficientes y cuestionaron la veracidad de algunos testigos y la calificación del hecho por entender que había sido una tentativa.
Pero la Cámara bahiense echó por tierra cada uno de los planteos y decidió mantener a los dos jóvenes entre rejas.
El doctor Giambelluca consideró que, a esta altura del proceso, hay “elementos de convicción suficientes” para sostener la coautoría.
Cuando la policía acude al llamado de emergencia al número 101, varios vecinos observaron la fuga de los ladrones, además de Leyes, que perseguía al menos a uno de ellos.
Uno de los lugareños le gritó a los ocupantes de un patrullero: “El de Ramos tiene un buzo azul y el de Galván, una remera roja, de Independiente. Le robaron a un vecino, estamos cansados, salieron corriendo para el lado de (la avenida) San Martín”.
Otro vecino escuchó ruidos al momento del delito y vio la salida de un desconocido del departamento de Leyes, de 1,75 de altura, delgado, “boca grande, dientón y ojos saltones”, descripción que coincide con la del damnificado.
Un testigo, a su vez, confirmó haber visto a Galván a bordo de la bicicleta y con las dos cañas en su poder.
Abajo de las frazadas
En la persecución, Leyes llegó a ver cómo el acusado ingresó en su casa, de la avenida San Martín 2030, para esconderse.
Al llegar la policía, y en medio de la emergencia, se entrevistaron con el padre, Juan Carlos Galván, quien dijo que el joven estaba adentro.
A la madre de Galván la vieron en una habitación -según el acta de procedimiento- y en una cama de una plaza, totalmente tapado con varias frazadas, estaba el acusado.
Entre los abrigos encontraron la camiseta de Independiente que vieron los testigos.También secuestraron una bicicleta playera de color rojo.
En el caso de Ramos, una vecina dijo que su hijo “estaba afuera” y vio como corrían “a CAI (por Galván) y al Pelado (por Ramos)”. Dijo que a ambos los conocen de chicos porque, incluso, fueron a la fiesta de 15 de su hija.
Tanto ella como otros vecinos observan a Ramos con buzo azul, prenda que se secuestró en su domicilio durante un allanamiento.
Para confirmar la prisión preventiva, finalmente, la justicia remarcó que Galván “fue cubierto por su familia” y que ambos son protagonistas de “reiterados conflictos con los vecinos” por diversos delitos en el barrio.
También que la eventual pena a purgar sería de ejecución efectiva y no condicional, porque el delito previsto tiene un mínimo de 3 años y un máximo de 10.
El artículo 169 del Código Procesal Penal bonaerense impide la excarcelación al autor de un delito cuya pena máxima supere los 8 años de prisión o reclusión.
Fuente: La Nueva
