Tras denuncia de organismos de Derechos humanos desafectaron a los policías a cargo de la comisaría de Laprida

Cuando se cumplen dos meses del asesinato de Daiana Abregú en una comisaría del municipio de Laprida, este viernes el gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió desafectar a los superiores de la estación, Marcelo Amaya y Cristian Barrios.
Tanto el comisario inspector Amaya como el comisario Barrios habían sido trasladados a la ciudad de Tres Arroyos luego de que encontraran a la joven de 26 años muerta por asfixia en la comisaría a su cargo.
Los organismos de derechos humanos, APDH y CPM, habían denunciado en una carta al gobernador Axel Kicillof la mala costumbre de la Policía bonaerense de trasladar a sus agentes a otras ciudades cuando son acusados por malas prácticas o por violencia, como era el caso.
La nota, que lleva la firma del Guillermo Torremare, Eduardo Tavani y Soledad Astudillo, titulares de la APDH, y de Roberto Cipriano García, Dora Barrancos, y Adolfo Pérez Esquivel por la Comisión Provincial por la Memoria, fue remitida el pasado miércoles.
Y expresa: “Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el propósito de trasladarle nuestra honda preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social hacia las mismas. Nos referimos a los traslados de efectivos policiales desde una repartición en la que han tenido una actuación sospechada de delictiva a otra repartición en la que muchas veces suele desconocerse esa circunstancia”. Entonces, el gobierno bonaerense terminó por desafectar a los comisarios.
El Ministerio de Sergio Berni defiende a los policías sospechados También, desde la Comisión Provincial por la Memoria denunciaron días atrás que el Ministerio de Seguridad bonaerense, a cargo de Sergio Berni, dispuso de abogados defensores a los cinco policías que se encontraban de turno al momento de la muerte de Daiana Abregú.

“Esto denota claramente una decisión política que sostiene la actuación corporativa de la fuerza policial. Todas las personas tienen la posibilidad de contar con defensor público gratuito cuando se les imputa un delito, sin embargo, los agentes policiales tienen en este caso una protección mayor al ser asistidos por el mismo Ministerio”, criticaron en un comunicado.
Los policías Juliana Zelaya (35), Adrián Osvaldo Núñez (34), Vanesa Soledad Núñez (34), Pamela Di Bin (25) y Leandro Esteban Fuhr (33) se encuentran detenidos por el crimen contra Daiana Abregú. Hace una semana, cuando declararon ante el fiscal José Ignacio Calonje, admitieron haber adulterado el libro de guardia de la comisaría.
Dos de las policías imputadas, Vanesa Nuñez y Juliana Zelaya, señalaron que introdujeron información falsa y modificaron los registros de lo que sucedió el 5 de junio cuando asesinaron por asfixia a Daina Abregú. A la vez que manifestaron que escribieron hechos falsos en el libro por orden de su superiora, la subcomisaria Karina Couchez.
FUENTE: infocielo