Trata de personas: la Justicia Federal procesó a dueños de cabarets locales y hasta a un bombero

22 noviembre, 2014 Leido: 39

Trata de personas: la Justicia Federal procesó a dueños de cabarets locales y hasta a un bombero

La Justicia Federal reformuló los procesamientos originales a José Constantino Blanco y Sergio Rodolfo Bustillo por trata de personas con fines de explotación sexual, atribuyéndoles 9 hechos cometidos en el cabaret “Koquetas”, y dictó el procesamiento sin prisión preventiva del dueño del local nocturno “L`Epoque”, Edgardo Raúl Rivera, por facilitar la permanencia ilegal de extranjeras con el fin de obtener un beneficio. Al mismo tiempo, procesó a un bombero de De la Garma, Ignacio Javier Lasa, a quien acusa de encubrimiento ya que conocería la existencia de personas en condiciones de esclavitud sexual en el local del km 499 de la ruta 3 y no lo habría denunciado a las autoridades competentes.

Blanco seguirá en prisión, alojado en la Unidad 4 de Villa Floresta, mientras que no se previó la prisión preventiva para Bustillo, que aguardará el desarrollo del procedimiento judicial en libertad.

Los hechos

El 4 de julio del año pasado, con la intervención del fiscal federal Juan Portela y en el marco de una causa investigada por el Juzgado Federal de Necochea, se realizaron operativos en el local del km 499 de la ruta 3 y en un domicilio de Mitre 559, en los cuales se encontró a ocho mujeres que al parecer habían sido captadas para el ejercicio de la prostitución en condiciones de trata.
En este sentido, en el auto de procesamiento original de José Constantino Blanco, a quien se sindica como responsable del local mencionado, denominado “Los Paraísos” o “Koquetas” (según indica el expediente judicial), el magistrado le atribuyó “haber captado, transportado, acogido y explotado económicamente a las mujeres, todas mayores de dieciocho años de edad y bajo las mismas modalidades y condiciones respectivamente; abusando de su situación de vulnerabilidad, y habiéndose consumado la finalidad de explotación sexual de las víctimas, toda vez que habrían ejercido la prostitución”.
En el mismo sentido procesó a Sergio Bustillo, en este caso sin prisión preventiva, por considerarlos a ambos coautores de los delitos previstos por los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal, introducidos específicamente para sancionar la trata de personas con fines de explotación aprovechándose, entre otros supuestos, de su condición de vulnerabilidad. En la reformulación del procesamiento de ambos, a la que tuvo acceso LU24, se les atribuye un noveno caso, mientras que se mantiene la suma que se les impuso como responsabilidad civil en 10.000 pesos.
La novedad en torno al caso, en tanto, la constituye el procesamiento sin prisión preventiva de Ignacio Javier Lasa, considerado prima facie “autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por la gravedad del delito que se encubre y por su calidad de funcionario público”. El juez le atribuye a Lasa, en su carácter de Teniente Primero del Cuartel de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en De La Garma, “haber tomado conocimiento de los hechos ilícitos investigados en autos en los cuales José Constantino Blanco conjuntamente con Víctor Miguel Olijnik (N. de la R: procesado fallecido el 27 de diciembre del año pasado por enfermedad en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz) y Sergio Rodolfo Bustillo habrían acogido a las víctimas de autos, desde fecha indeterminada pero anterior al 31/10/12 y hasta el 01/07/13”, sin haber denunciado el caso a las autoridades competentes.

Extranjeras en “L´Epoque”

Finalmente, también cabe mencionar como hecho novedoso el procesamiento de Edgardo Raúl Rivera, responsable del bar “L’Epoque”, ubicado entre los km 490 y 491 de la ruta 3 cuando se realizó un operativo el 29 de abril último, por “promover o facilitar la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina con el fin de obtener un beneficio directo o indirecto, agravado por hacer de ello una actividad habitual”. En este caso, se le atribuye conocer la situación migratoria irregular de tres mujeres de nacionalidad extranjera que ejercían la prostitución en el local mencionado, residiendo incluso en las habitaciones del mismo. En este caso tampoco se le impuso prisión preventiva.